El gasto en licencias médicas ha crecido significativamente: Chile destina más del 1 % del PIB a esta prestación, con un aumento del 473 % en el sector Salud y del 411 % en municipios entre 2015 y 2024.
En el primer trimestre de 2025, el número de Licencias Médicas Electrónicas (LME) disminuyó un 1,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. La caída fue más marcada en mujeres y en afiliados a ISAPRE (−9,3 %). En FONASA, la tendencia fue más estable o levemente al alza.
En mayo de 2025, se registró una baja del 18 % interanual en la emisión de LME, siendo el nivel más bajo para ese mes desde 2021. Esto coincidió con nuevas restricciones y la polémica generada por el uso indebido de licencias por parte de funcionarios públicos.
Fiscalización y escándalos recientes
La Contraloría detectó que más de 25 000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. Se iniciaron 6 600 sumarios administrativos y hubo más de 1 100 renuncias.
El 69 % de esas licencias fueron emitidas en FONASA. Se detectaron casos como médicos que realizaban partos o atendían pacientes mientras estaban ellos mismos con licencia.
La fiscalización se ha intensificado: se cruzan datos de migración, multas de tránsito, uso de casinos, visitas a parques nacionales y más. Esto ha permitido identificar inconsistencias en la utilización de licencias médicas.
Se detectaron 1 370 profesionales de salud que, estando con licencia, emitieron certificados médicos a otras personas, lo que constituye una infracción sancionable.
Reformas legales y sanciones
En mayo de 2025 se promulgó la ley 21.746, que endurece las sanciones por licencias fraudulentas. Solo médicos cirujanos, dentistas y matronas con registro vigente pueden emitir licencias.
Desde 2019, se exige tener aprobado el EUNACOM para poder emitir licencias médicas.
La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y las COMPIN pueden aplicar multas entre 10 y 50 UTM, suspender la facultad de emitir licencias por hasta un año o de forma permanente, y remitir antecedentes al Ministerio Público si hay indicios de fraude.
Se habilitó un canal de denuncias anónimas y se implementará un registro público de profesionales sancionados.
Un proyecto de ley propone restringir la emisión de nuevas licencias a personas con más de 180 días de permiso en un año.
Polémicas y debate ético
Aunque el número de involucrados es menor en relación al total de empleados públicos, el impacto reputacional y la pérdida de confianza en las instituciones ha sido significativo.
Algunos expertos apuntan a una judicialización del sistema de salud que dificulta sancionar licencias injustificadas, debido a fallos sistemáticos de tribunales a favor de los usuarios.
El caso ha reabierto el debate sobre la modernización del empleo público y la necesidad de reforzar criterios de probidad, control y eficiencia en el Estado.
En resumen
Área
Tendencia o acción destacada
Uso de licencias
Aumento sostenido en años anteriores, caída reciente en 2025
Fiscalización
Cruce de datos con registros migratorios, tránsito y ocio
Medidas legales
Nueva ley con sanciones más estrictas y restricciones a emisores
Debate público
Críticas éticas, pérdida de confianza y necesidad de reformas
Reformas propuestas
Límite de días, registro público de sancionados, denuncias anónimas
